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Escrito por Fernando Jiménez Ávila
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La discusión en torno al Software Libre tiene uno de los puntos medulares en su uso dentro de la Administración Pública, pero principalmente en la Municipal. Si el Software Libre debe ser tenido en cuenta, esto no solo es debido a los beneficios que recaen sobre los usuarios individuales. La Administración Pública, en su conjunto general, también se verá beneficiada adoptando el sistema operativo Linux y aquellos programas de código abierto que sean necesarios por parte de los sistemas informáticos de todas las dependencias federales, estatales y municipales.

¿Si algo es gratis por qué pagar por ello? En esa cuestión reside uno de los puntos fuertes del Software Libre, sobre todo visto desde este lugar del mundo. Pero los argumentos van mucho más allá de esto, existen cinco argumentos principales para que un país adopte el Software Libre en la Administración Pública y se mencionan a continuación:

1) Argumento macroeconómico. Se estima que la adquisición de un sistema operativo más un paquete de oficina, ambos con una licencia comercial, tienen costos superiores en términos de dólares por cada computadora, y ese gasto debe renovarse cada dos o tres años. Los países en vías de desarrollo, con las carencias de recursos financieros que cuentan, no pueden darse el lujo de transferir semejantes cifras de dinero al exterior. Más cuando se trata de gastos que pueden evitarse. El gasto en sistemas operativos por parte del Estado es un gasto que sencillamente puede evitarse pasándose a Linux, que es un sistema operativo que es gratis. Lo mismo vale decir para las distintas aplicaciones finales, como los paquetes de oficina, bases de datos, navegadores, clientes de correo electrónico, entre otras.

2) Seguridad. Contrariamente a lo que puede pensarse, el hecho de hacer públicos los códigos de los programas no van en contra de la seguridad de los mismos, sino que la favorece. Utilizando Software Libre se puede saber qué está haciendo realmente un programa, qué tipo de información maneja y cómo lo hace. Una buena seguridad debe basarse en la transparencia. El software propietario oculta estos aspectos y muchas veces no sabemos qué información está enviando a otras computadoras remotas. La transferencia de información reservada puede ser debida a fallas o errores contenidos en los programas o porque así lo hicieron intencionalmente sus fabricantes.

3) Autonomía tecnológica. Adoptando el Software Libre y con las posibilidades que éste ofrece de acceder al código fuente, muchos usuarios pasarán de ser consumidores a ser desarrolladores de su propio software. Esto significa que se podrán adaptar los programas a las necesidades específicas de las distintas dependencias, y todas esas modificaciones deberán realizarse siguiendo los requisitos exigidos por el modelo de Software Libre. La autonomía tecnológica debe estar vinculada al concepto de estándares abiertos, que consisten en especificaciones técnicas que son publicadas por una organización y puestas a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en aplicaciones específicas, lo cual favorece la interoperatividad entre las distintas aplicaciones.

4) Independencia de proveedores. Adquiriendo un software propietario generamos una relación de dependencia con respecto a un desarrollador. Una vez que se instala dicho software se dependerá del desarrollador para obtener actualizaciones y mejoras, y en la mayoría de los casos esas actualizaciones exigirán invertir más dinero aparte del que ya se pagó y no de forma inmediata. Con una política de Software Libre, si el Estado paga por el desarrollo de un software exigirá que se le entregue el código fuente del mismo, con lo cual si en el futuro desea efectuarle modificaciones podrá optar por proporcionarle el código a otros desarrolladores para que las realicen.

5) Argumento democrático. Las nuevas tecnologías de la información han pasado a ocupar un lugar central en la gran mayoría de las sociedades. Si bien cada vez son más los usuarios que acceden a dichas tecnologías, la llamada brecha digital tecnológica es muy grande y en medio del actual modelo instaurado es un factor más de exclusión social. El Software Libre favorece la democratización de la información permitiendo la utilización de protocolos y lenguajes que no son propiedad ni monopolio de nadie. En este mismo argumento se sitúan la posibilidad de traducir el software a lenguas para las que no esté disponible en su origen, así como adaptarlo a las características propias de quienes serán los usuarios finales, antes que el usuario se adapte a las características que le impone el software.

El Software Libre debe ser establecido como política pública de Estado. Nuestro país se caracteriza por tener buena formación en desarrolladores de software, tanto quienes egresan de escuelas públicas como quienes lo hacen de escuelas privadas. Muchos programadores han sido tentados a emigrar en los últimos años, y muchos otros trabajan en sus propios países desarrollando software para empresas extranjeras. Nada de esto es malo en sí mismo, pero los Estados están prescindiendo de un gran potencial humano, que no por casualidad es codiciado en el extranjero.

Hay que buscar las vías para canalizar todo el potencial de conocimiento y creatividad que sin duda están presentes en los programadores individuales.

Los Estados deben fomentar la investigación y el desarrollo de Software Libre a través de incentivos a los desarrolladores. Se deberán redefinir los estándares de educación en materia de software, se deberán crear programas de formación que permitan superar la brecha digital tecnológica. Es necesario para todo esto conformar grupos multidisciplinarios que investiguen a fondo el tema y creen el marco legal adecuado para su implementación y regulación. La adopción del Software Libre en la Administración Pública es solo uno de los aspectos a considerar, aunque sin duda es el aspecto más relevante.

Sin duda no se trata de un proceso fácil, pero cuando nos enfocamos en las posibles limitaciones que pueden existir para adoptar el Software Libre las mismas en ningún caso son de carácter técnico. Los principales escollos están en los intereses de determinados sectores que pretenden mantener sus privilegios obtenidos a partir del modelo vigente. Pero están también en la mentalidad de algunos funcionarios de la Administración Pública que pueden mostrarse reacios a un cambio de tales características. Por estas razones es necesario entablar un diálogo nacional donde se expongan las distintas posiciones al respecto y se tengan en cuenta las experiencias concretas llevadas a cabo en otros países.

El Software Libre debe ser parte de una estrategia mayor. Gran parte de la dependencia de nuestro país pasa por su dependencia de las tecnologías de información. El impacto que ello genera no consiste únicamente en los perjuicios económicos, lo más importante es la subordinación a las políticas tecnológicas que vienen impuestas por monopolios desde los países centrales.

Cualquier estrategia que se plantee seriamente para superar la dependencia debe plantearse poner fin a esta subordinación. Se trata entonces de un aspecto crítico a tener en cuenta cuando se discuta la adopción del Software Libre en la Administración Pública. La incorporación del mismo no significará poner fin a la dependencia porque el aspecto central de esta última no es exclusivamente tecnológico, pero sin duda que constituirá un espacio de libertad mayor que el que actualmente tenemos, y sólo por eso, vale la pena.

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